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07 julio, 2017

Rector de la UPEL denuncia que estudiantes son tratados como delincuentes comunes o enemigos de guerra

Escrito por Angley Vivas

Dr. Raúl López Sayago, rector de la UPEL
“Exigimos la inmediata libertad de nuestros estudiantes, porque fueron aprehendidos y privados de libertad ilegalmente. El gobierno está violando la Constitución y especialmente el artículo 49 que establece el derecho a la defensa y al debido proceso, exigimos su liberación inmediata”.

Así lo afirmó el Rector de la UPEL, Raúl López Sayago durante su participación este viernes 7 de julio en el programa La Entrevista de Televen, conducida por Carlos Fernández.

La autoridad upelista fue contundente al denunciar que los 25 estudiantes del Instituto Pedagógico de Maracay, detenidos arbitrariamente el pasado 2 de julio por cuerpos de seguridad del Estado, son víctimas de un proceso ilegal y tratados como delincuentes comunes “Los detuvieron sin que privara sobre ellos una orden de aprehensión por ningún control de la República. Fueron ilegítimamente privados de libertad, los llevaron ante un tribunal militar para hacer la audiencia correspondiente, sin que ellos sean militares. Ellos son civiles y su único delito ha sido protestar y levantar su voz en contra de lo que ellos consideran que no se está haciendo bien en este país”.

Los upelistas fueron imputados por los delitos de sustracción de elementos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, violación de zona de seguridad, destrucción de fortaleza e instigación a la rebelión. Acusaciones que solo se aplican a funcionarios militares. Al respecto, el rector de la UPEL afirmó: “Pareciera que hay una guerra y que están imputando a personas que son parte de ella, como un contrincante armado que combate. Están viendo a los estudiantes de las universidades nacionales como guerreros, como militares que se fueron a las armas y están enfrentando a un gobierno y eso no es lo que está ocurriendo”.

Reiteró que las protestas que se han desarrollado en las universidades nacionales responden a la situación de crisis hospitalaria, alimentaria, social que vive el país. Además, indicó que las manifestaciones pacíficas son un derecho consagrado en la Constitución, por lo que los cuerpos de seguridad no pueden arremeter en contra de los protestantes pacíficos y muchos menos utilizar armas de fuego.

El Rector de la UPEL señaló que de acuerdo con los abogados encargados de la defensa, durante la audiencia efectivos de la Guardia Nacional habrían entrado en la sala para amenazar a la defensa e intimidar a los estudiantes upelistas. Pese a ello, sentenció: “Nuestros estudiantes no están solos, estamos con ellos, nuestros abogados están permanentemente trabajando en su defensa y pronto los vamos a tener libres”. 


Asedio continuo 

López Sayago declaró que en los últimos tiempos la UPEL ha sido permanentemente agredida, asediada, y ello ha arrojado resultados preocupantes.

Detalló que el pasado 2 de julio los cuerpos de seguridad incursionaron ilegalmente en las instalaciones del Instituto Pedagógico de Maracay, se llevaron ilegalmente detenidos a 25 estudiantes, quienes fueron procesados por un tribunal militar y enviados a las cárceles de El Dorado en el estado Bolívar y la cárcel 25 de julio en San Juan de Los Morros. Previamente, los organismos represivos ingresaron a este Pedagógico el 17 de mayo y detuvieron a 6 estudiantes de los cuales 2 fueron gravemente heridos. Asimismo, el 15 de junio grupos armados dispararon a mansalva en contra de una manifestación a las puertas del Pedagógico de Rubio y ocasionaron la muerte del estudiante José Gregorio Pérez.

López Sayago afirmó que la colocación por parte de los cuerpos de seguridad de tanquetas en las inmediaciones del I.P Maracay, propició que el día sábado 1º de julio los jóvenes no salieran del recinto universitario porque tenían temor de ser aprehendidos, de allí que pernoctaron en la sede. “A las 5 o 6 de la mañana se presentó un grupo de cuerpos de seguridad del Estado, tipo comando, los aprehendió, se los llevaron, los golpearon, vejaron y maltrataron, violentando sus derechos humanos, sin que privara sobre ninguno de ellos una orden de aprehensión por ningún órgano de control de la República. Fueron ilegítimamente privados de libertad, los llevaron ante un tribunal militar para hacer la audiencia correspondiente, sin que ellos sean militares. Ellos son civiles y su único delito ha sido protestar y levantar su voz en contra de lo que ellos consideran que no se está haciendo bien en este país".

Finalmente, el Rector afirmó que la UPEL rechaza cualquier acto de violencia, antidemocrático y violatorio de los derechos humanos. “Nosotros pregonamos la paz, la sana convivencia y el respeto a los derechos humanos de nuestros miembros de la comunidad y de todos los venezolanos”.