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10 junio, 2013

Rector de la UPEL exige a tomistas devolución del Rectorado e intermediación del Ministro Calzadilla



El rector de la UPEL, Raúl López Sayago, con el respaldo del Consejo Universitario, exigió a los estudiantes tomistas la entrega inmediata del Rectorado, que mantienen invadido desde hace 23 días impidiendo el desarrollo normal de las funciones administrativas y académicas que allí se desarrollan. Asimismo, hizo un llamado al gobierno nacional para que tome medidas a través de la Fiscalía para evitar que el conflicto continúe.

“El martes 4 de junio el Consejo Universitario de la UPEL se pronunció para exigir la entrega de la sede y restablecer la situación jurídica que está siendo infringida por la vía de hecho, adoptada por un grupo de estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas”.

La máxima autoridad upelista señaló que hasta el momento ha ejercido las acciones jurídicas correspondientes ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para restablecer el funcionamiento de la Sede Rectoral. Del mismo modo, los trabajadores administrativos y obreros introdujeron un Recurso de Amparo para que se les restituya su derecho a acceder a su lugar de trabajo. Indicó que el ministro de educación universitaria, Pedro Calzadilla, conoce la situación de la toma y ha manifestado su disposición de interceder,

En tal sentido, López Sayago manifestó que la toma del Rectorado de la UPEL mantiene paralizados procesos importantes como los de egreso e ingreso. “Un total de 10 mil 386 estudiantes de pregrado y 1 mil 762 de postgrado no han podido recibir su título. En definitiva, 12 mil 148 estudiantes esperan recibir su diploma y se les está cercenando ese derecho. Adicionalmente, 26 mil 814 aspirantes aguardan el proceso de selección para ingresar a la Universidad. Los graduandos estudian la posibilidad de acudir a la Fiscalía de su región de procedencia para denunciar a las personas que les están cercenando su derecho”.

El Rector manifestó que el Consejo Universitario se reunió con los tomistas quienes hicieron exigencias que están fuera del alcance de las autoridades, tales como una constituyente universitaria, la cual debe obedecer a una política de Estado, y la persecución a los profesores que se han plegado al paro como medida de presión para exigir un salario justo. “En modo alguno los justos reclamos y los derechos que demanda el sector docente pueden ser violentados a través de una persecución”.

Señaló que la toma del Rectorado constituye una posición caprichosa y con tintes políticos, mientras que las autoridades de la UPEL siempre han tratado la situación desde el punto de vista institucional.

Paro indefinido

Raúl López Sayago manifestó que la toma ilegal del Rectorado de la UPEL es un ingrediente que se suma al conflicto universitario. “Las acciones que los tomistas han ejercido como el Recurso de Amparo para el reinicio de actividades, es posible que haya variado la posición de otras universidades nacionales de unirse o no al paro indefinido, porque el sector se ve violentado y siente que se le está intentando cercenar su derecho a la huelga”.

Respecto a la sentencia del Juzgado 24 del Área Metropolitana de Caracas, el Rector manifestó que el cumplimiento de la sentencia se torna difuso por cuanto ni él ni el Consejo Universitario han suspendido las actividades en la UPEL. “Además nos hemos pronunciado en contra de lo que significa un paro indefinido y hemos tratado de establecer una suerte de mediación para lograr un cambio de estrategia para enfrentar el problema salarial. Eso significa que tanto el Rector como el Consejo Universitario han hecho diligencias con Aproupel, el Instituto Pedagógico de Caracas y Consultoría Jurídica para intentar poner fin al conflicto, pero la ejecución se torna complicada y por ello, el miércoles 5 de junio nosotros apelamos la sentencia porque ni el Rector ni el Consejo han paralizado actividades”.

López Sayago explicó que acudió a la Fiscalía porque ni él ni la Universidad fueron parte formal en la acción de amparo. “Se ordenó al Rector de la UPEL a aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento del mandato, diciendo que la FAPUV, como organismo gremial de segundo grado, no está sometida ni directa ni indirectamente al Rector de esta Universidad, es difícil adoptar medidas para cumplir lo ordenado. El Rector entiende la intención de los recurrentes en principio y también la del tribunal en cuanto a que las actividades académicas se desarrollen en ambientes académicos de armonía y de paz, en pro de ello el equipo rectoral y demás autoridades de la UPEL hemos agotado cuantas acciones han sido necesarias para normalizar las actividades y hasta ahora no se ha logrado tal propósito. Yo reitero la mejor disposición de las autoridades de cumplir con el mandato de la sentencia en cuanto sea posible y contribuir con la mediación para que la Universidad retome sus actividades normales pero la ejecución no es sencilla”.