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22 mayo, 2015

Rectores universitarios rechazan asignación de 100% de cupos por parte de la OPSU


Los rectores de las universidades nacionales, participantes en la reunión de la AVERU, celebrada en la UPEL el pasado 21 de mayo, manifestaron la posición individual de sus casas de estudio en torno a la asignación de cupos por parte de la OPSU más allá del 30% fijado en la resolución 450 del Consejo Nacional de Universidades del año 2008.
Consultados antes de ingresar al pleno de la reunión, las autoridades universitarias coincidieron en rechazar la medida y señalaron las implicaciones y consecuencias de esta decisión que consideran arbitraria y violatoria de la autonomía y de la Ley de Universidades.  

Raúl López Sayago, rector de la UPEL
El Rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador señaló que la asignación de cupos por parte de la OPSU va en contra de resoluciones previas del CNU que establecen que debe ser del 30%. “En el CNU del 8 marzo del año 2008 el entonces ministro Luis Acuña propuso eliminar las pruebas de admisión, se postergó esa decisión para el mes de mayo de ese mismo año y en esa fecha se acordó que las universidades darían el 30% de cupos a la OPSU, pero en ningún momento las universidades aceptaron entregar el 100% de las plazas”. El 70% correspondería a las universidades mediante pruebas internas, convenios académicos, deportivos y gremiales, al tiempo que contraviene la normativa legal.
López Sayago señaló que la medida agrava la problemática de las universidades, por cuanto no cuentan con los recursos presupuestarios para atender a los jóvenes. Reiteró que las instituciones de educación superior atraviesan por una situación financiera difícil, en virtud de que los presupuestos aprobados por el gobierno a las casas de estudios son deficitarios y han afectado los servicios de comedor, transporte, vigilancia, sin contar el personal académico, la infraestructura, la dotación de equipos y el desarrollo de las funciones principales de las instituciones.  

Enrique Planchart, rector de la USB
Hay un problema legal, hay una violación a la autonomía. Pero también es ilegal porque la Ley Nacional de las Universidades es muy clara, ella establece en el artículo 26 que son atribuciones del Consejo Universitario una serie de atribuciones, en el numeral 9  fijar el número de alumnos para el primer año y determinar  los procesos de selección de los estudiantes. El artículo 20 atribuciones del Consejo Nacional de Universidades, recomendar los correspondientes procedimientos de selección de los estudiantes.  Significa que el CNU lo que puede es recomendar no puede decir cuáles son los procedimientos. Es la universidad la que tiene la potestad de decidirlo.
Planchart afirma que la medida de la OPSU constituye un problema político que persigue el enfrentamiento entre los jóvenes que desean ingresar a las casas de estudio. “Una de las cosas que puede suceder aquí es un enfrentamiento entre los estudiantes asignados por la OPSU y los estudiantes seleccionados por la universidad, eso lo tenemos que evitar a toda costa. Lo que el gobierno busca es crear un malestar en las universidades que hasta ahora estaban funcionando a pesar de la falta de presupuesto y de todo lo que ha sucedido en este país”.     
Al igual que sus homólogos, Planchart afirma que la USB no cuenta con los docentes, servicios de comedor, transporte e infraestructura para atender a los estudiantes que les fueron asignados, por lo que el gobierno tendría que asignarles un mayor presupuesto. “Nosotros no estamos rechazando a estos alumnos, pero el gobierno si los asignó de esa manera irresponsable, entonces debe darnos los recursos para poder atenderlos”.

Nicolás Bianco, vicerrector académico de la UCV
“Nuestra intención es exaltar el inicio de nuestras evaluaciones diagnósticas en la UCV, que comenzamos  el pasado domingo con el área de salud y están dentro  del marco de la ley. Nosotros no nos damos por enterados de algo que no existe oficialmente, cuando nos llegue la comunicación lo evaluaremos”.
Bianco resaltó que es un derecho constitucional de todo estudiante tener la posibilidad de acceder a la educación superior, pero depende de su preparación, de la capacidad de las universidades, de las escuelas, del presupuesto, de las tablas salariales que mantengan una vida “decorosa” de los profesores, empleados y obreros.
“En relación al presupuesto, supongamos que hubiésemos llegado a un acuerdo y habría la disposición del despacho de otorgar todos los fondos para poder respaldar el ingreso de esa magnitud, pero ni siquiera eso está contemplado. En caso de que se llegara a un consenso dentro del CNU  el Ejecutivo tendría que responder con los fondos fiscales adicionales, sin duda alguna”.

Jorge Palencia, rector de LUZ
“Acordamos continuar con los procesos de administración del 70% por la Universidad del Zulia y el 30% para OPSU. Desestimamos esa asignación de OPSU. Vamos a publicar en junio nuestro listado, habida cuenta de que esa resolución la catalogamos como inconstitucional e ilegal, porque lesiona  el artículo 109 de la Constitución Nacional y  el artículo 29 de las atribuciones que tiene el Consejo Universitario de ser el órgano que establece cual es el número de estudiantes que se van a recibir, donde el CNU no tiene ninguna competencia para la  determinación de los cupos de las universidades”.

Jessy Divo, rectora de la UC:
 “La notificación oficial por parte del Ministro Manuel Fernández donde asignan un 100% de los cupos por la vía del CNU, desconociendo  las modalidades de ingreso consagradas en nuestro Reglamento Interno es inaceptable,  porque en atención a la autonomía y a la legislación que nos rige, viola  los derechos de los jóvenes. En el caso de la UC nosotros ya hemos hecho prueba interna y hemos hecho asignaciones en las carreras para dos semestres”.
Indicó que no están de acuerdo con las imposiciones por encima de su máximo órgano universitario que es el Consejo Universitario. Asimismo, afirmó que en materia de presupuesto la masificación atenta contra la formación del profesional, porque el problema de infraestructura, laboratorios, instituto, de biblioteca, de servicios estudiantiles no se resuelve con un presupuesto   precario e insuficiente.

Mario Bonucci, rector de la ULA
“Mi postura como rector de la ULA es devolverle al Ministerio las listas (de alumnos asignados por la OPSU) y que las rehaga y que respeta  la autonomía universitaria”. Así lo afirmó el rector de la UNA, quien señaló que el CNU viola la decisión adoptada en el año 2008. “Por la vía de los hechos el CNU está revirtiendo la decisión que había tomado. De manera inconsulta, arbitraria e ilegal, porque viola  la autonomía universitaria y lo establecido en el precepto constitucional 109 al asignar todos los cupos”.
Bonucci afirma que el sistema de asignación de la OPSU genera una discriminación a la inversa, en la cual estudiantes con un mayor promedio de notas no resultan asignados porque provienen de instituciones educativas privadas. “Entonces qué debe prevalecer en la academia: la calidad o la cantidad. Nosotros seguimos pensando que la calidad porque eso es lo que permite el desarrollo”.
Considera que la medida adoptada por la OPSU es una torpeza y que debe consultarse a las universidades. Destaca el trabajo que en la materia ha realizado el Núcleo de Secretarios y la ausencia de un criterio científico- técnico que sustente el cambio de los criterios para la asignación de los cupos.

Jesús Martínez, vicerrector académico de la UDO
Jesús Martínez afirma que la decisión del gobierno nacional constituye una violación de la autonomía universitaria y de la normativa que venía cumpliéndose. “Esta es una manera de ir penetrando  las universidades autónomas, porque si hoy en (el gobierno) está manejando el ingreso del 100% de los estudiantes a las universidades, mañana me dirán que van a manejar la nómina de la universidad, porque ellos son quienes aportan el dinero y se consideran el patrón de las universidades”.
La autoridad de la UDO se pregunta quién cubrirá los gastos de comedor, transporte, la contratación de nuevos docentes, la nueva infraestructura y la dotación de equipos requerida para atender a esos alumnos, cuando las universidades tienen un presupuesto deficitario.
En cuanto a las variables que maneja la OPSU para el ingreso, Martínez afirmó que deberían auditarse los listados enviados por el organismo para determinar el número de estudiantes del nivel privado que fueron aceptados. “La variable socioeconómica es un arma de doble filo para dejar de lado a un sector y favorecer a otros, entonces se jactan de de decir que son incluyentes cuando la realidad es que están excluyendo a un sector”. 

Nelly Velázquez, vicerrectora académica de la UCLA
La autoridad de la UCLA manifestó que se encuentran en un proceso de revisión de la medida. Sin embargo, en el último Consejo Universitario de esta Casa de Estudios se planteó la necesidad de revisar los resultados porque no se compaginan con los resultados en lo que se refiere a los índices académicos que han permitido  la asignación de estudiantes a la Universidad. “Por ejemplo, en el caso de medicina, normalmente el índice de asignación ha sido 98,600 ahora está alrededor de 86, pero lo que más  nos preocupa es que estudiantes que tienen un alto rendimiento de 1º a 4º tienen mucho menos índice académico que otro estudiante que tenga 2 puntos menos en rendimiento. Un estudiante con 19,700 no salió asignado y uno con 17,700 sí”.
Para Velázquez, la variable perfil económico desfavoreció a los estudiantes y no se tuvo un mecanismo de revisión para validar la información. Señaló la necesidad de que se reactive la Comisión Nacional de Admisión que durante la gestión de Luis Acuña asesoraba al Consejo Nacional de Universidades. Asimismo, planteó que se efectúen auditorias, las cuales se basan en los análisis de prosecución de éxito, esto indica el avance de un estudiante en el ingreso de una cohorte específica.
“Esperamos que pueda ser un tema de discusión en base a evidencia que nos permita retroalimentar el proceso y mejorar el sistema de admisión, no para  lograr una mayor equidad en el ingreso que es lo justo, sino también que tenga el avance con un índice de prosecución de éxito dentro del tiempo establecido”.  

Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana
La decisión de la OPSU origina un conflicto, porque cada una de las universidades tiene sus procesos de ingreso. El ingreso de estudiantes en las universidades es un eslabón dentro de una cadena de lo que significa la educación que va desde la maternal hasta la universidad. Este último eslabón debe ser diseñado y operado de manera tal de garantizar no solo  el ingreso de los estudiantes a las universidades sino también la prosecución de estudios y el egreso exitoso de los respectivos programas académicos. La asignación que la OPSU está haciendo del 100% de los cupos a través de este mecanismo, no garantiza ninguna de esas cosas, no está soportado sobre ningún estudio técnico que brinde suficientes garantías, entonces va a significar un nuevo fraude a los estudiantes.
Señala que es irresponsable por parte del gobierno actuar de esa manera, generando conflictos, porque en las universidades están operando los diversos procesos de ingreso, en donde ha habido asignación de plazas universitarias  que ahora se solapa con la asignación por parte de la OPSU. “Esto va a significar la posibilidad de colapso en las instituciones porque habrá instituciones que deberán atender el doble de su capacidad sin contar con los recursos humanos, físicos, materiales ni financieros. Esto es propiciar una crisis por parte del Ejecutivo nacional y es necesario resolverlo inmediatamente antes de que empiece el nuevo año académico”.

Padre Jorge Virtuoso, rector de la UCAB
El Rector de la UCAB manifestó su solidaridad con la posición de los rectores de las universidades nacionales y experimentales. “Compartimos la idea de que la única manera de ser justos en el acceso a la educación universitaria es, fundamentalmente, a partir del mérito, de la capacidad demostrada por los estudiantes para ingresar. No es el único criterio pero debe pesar sobre el conjunto”.
Señala como principal problema el hecho de que la OPSU rebajó el criterio académico a un 50% para la asignación del cupo. “Un joven que se dedica a estudiar para ingresar a la universidad queda relegado por otro que tal vez hizo un esfuerzo pero como vive cerca de la universidad y viene de un sector social más bajo, entonces ingresa. Eso crea una disparidad, un desequilibrio difícil”.
A juicio de del Padre Virtuoso este sistema crea una ilusión falsa en el estudiante que no entra debidamente capacitado al sistema universitario, porque probablemente fracasará en ese sistema. “Ponderar a un nivel mayor el criterio académico en el fondo va en beneficio del muchacho. Paradójicamente pareciera que este sistema que emplea la OPSU contribuye más  a la equidad, a la inclusión, pero a la realidad termina siendo injusto”.
Reiteró que la OPSU no puede pasar por encima de la autonomía de las universidades y de las atribuciones que le confiere la Ley. “Esta manera de imponer un criterio al conjunto sin escuchar los argumentos de las universidades va a generar problemas entre los estudiantes”.


Ley de Universidades
Artículo 26. Son atribuciones del Consejo Universitario:
Numeral 9. Fijar el número de alumnos para el primer año y determinar los procedimientos de selección de aspirantes, según las pautas establecidas por el Consejo Nacional de Universidades en el numeral 6º del Artículo 20 de esta Ley.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de la comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

Rectorado, Angley Vivas/Neida Prieto