La autoridad upelista exigió al Ministro de Educación Universitaria, Jorge Arreza, que se pronuncie en contra de la violencia
El rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Raúl López Sayago, manifestó su rechazo a los actos violentos cometidos el jueves 21 de abril por colectivos en contra de trabajadores de esta Casa de Estudios y del Núcleo La Morita de la Universidad de Carabobo, quienes fueron víctimas de agresiones y vandalismo en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas, con la mirada indiferente de la Guardia Nacional Bolivariana.
El Rector de la UPEL exigió al Ministro de Educación Universitaria, Jorge Arreaza, que se pronuncie en contra de estos actos que lesionan a miembros de la comunidad universitaria y destrozan bienes nacionales que en estos momentos son difíciles de adquirir.
El Rector de la UPEL narró que alrededor de 30 trabajadores administrativos y obreros del Instituto Pedagógico de Maracay asistieron a una reunión en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en la esquina del Chorro, para discutir el aumento salarial y aspectos relacionados con las cláusulas de la Segunda Convención Colectiva. Los upelistas se trasladaban en una unidad de transporte de la Universidad que los llevaría de regreso a Maracay y debieron pasar por las inmediaciones de la sede del CNE donde se realizaba una protesta por parte de diputados de la Asamblea Nacional. En ese lugar se encontraba un grupo de personas identificadas con el gobierno que implementaron una alcabala y al ver el transporte de la UPEL ingresaron armados al autobús y agredieron a los ocupantes, en su mayoría mujeres de edad avanzada, robaron las pertenencias de algunos de ellos y destrozaron las ventanas del transporte universitario.
“Nuestros trabajadores fueron brutalmente agredidos y atacados por simpatizantes del oficialismo, al punto tal que destrozaron todos los vidrios de la unidad, ingresaron a ella, amenazaron a nuestras trabajadoras y les quitaron sus carteras y pertenencias personales”.
López Sayago reiteró que se trató de un acto irracional, de vandalismo, que desdice mucho de la imagen de Venezuela, de su pueblo que no es violento ni agresivo. “De alguna manera se ha venido sembrando en ciertos grupos ese tipo de actuación, con el objetivo de amedrentar y callar a la gente, cuando con todo derecho se manifiestan en contra de lo que consideran violaciones a sus condiciones de vida y de convivencia. Todo esto sucedió teniendo como observador a la Guardia Nacional Bolivariana, que debería estar al servicio del resguardo, de la integridad física de los ciudadanos venezolanos y de los bienes de la nación. Ese autobús es un bien nacional comprado por el Estado venezolano y asignado a una universidad. Los que deberían resguardar al pueblo y los bienes nacionales se convirtieron en simples espectadores de la violencia y no hicieron nada. De esta manera, permitieron a grupos violentos actuar con total impunidad.
En este momento le tocó a la UPEL transitar por allí y que sus trabajadores vivieran esa violencia. Yo quiero como Rector rechazar ese acto vandálico, pareciera que debemos sectorizar el país para ver por cuál ruta podemos transitar sin riesgo, porque hay rutas que están asignadas a la violencia y vetadas a los ciudadanos comunes”.
Momentos de terror
Edgar Nieves, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Instituto Pedagógico de Maracay (SUTAIPRAEL) era parte de la comitiva de trabajadores que fue atacada en la unidad de transporte de la UPEL. Señaló que una vez que los colectivos vieron el autobús de la Universidad, inmediatamente le cerraron el paso y comenzaron a gritarles insultos como “malditos escuálidos” y “guarimberos”, porque pensaban que se trataba de estudiantes universitarios.
“La turba de chavistas comenzó a lanzar piedras al autobús y tuvimos que arrojarnos todos al piso, después se subieron al autobús armados y apuntaron al conductor y a otro de los trabajadores. Fue una agresión con alevosía y con la mirada silente de la Guardia Nacional, robaron a algunas de las señoras que estaban con nosotros. Creo que la situación no fue peor porque vieron que éramos trabajadores, no sé qué hubiera pasado si en lugar de nosotros se hubiese tratado de estudiantes”.
Nieves señaló que en estos momentos reciben la asesoría legal necesaria para realizar las denuncias ante el CICPC y la Fiscalía General de la República.
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