En la sesión del
Consejo Universitario Extraordinario número 345 de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) se ordenó, bajo la orientación de la Consultoría Jurídica de la Universidad, la apertura de una averiguación administrativa de carácter disciplinaria a quienes resulten involucrados en los hechos acaecidos el 12 de mayo en el Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”, los días 17 y 18 de mayo y 3 de junio de 2010 en la sede rectoral.
Como se recordará en dicho Consejo se trata el “análisis de la situación de la UPEL como consecuencia de la toma de la sede rectoral de los días 17 y 18 de mayo de 2010”, sin embargo los consejeros decidieron una nueva reunión para el viernes 4 de junio a propósito de los hechos ocurridos el jueves 3, cuando un grupo de estudiantes del Instituto Pedagógico de Barquisimeto irrumpieron pasadas las 3:30 de la tarde en la sede rectoral de la UPEL ubicada en Caracas en la que exigían la incorporación de más de 34 aspirantes “no aptos” a la matricula regular de la mencionada institución, y en la que hasta pasadas las 8 de la noche fue cuando pudieron salir las autoridades que se encontraban en dicha instalación.
En esta misma sesión también se acordó mantener y respetar las normas y reglamentos del
Proceso Nacional de Admisión de la UPEL y el cronograma de los Actos de Grado de mayo-julio de 2010, Promoción “Dr. Honoris Causa Alí Yabor Alarcón Quintero”.
Por otra parte, el mismo día fueron celebrados los Consejos Extraordinarios número 346 y 347 en los que se llegó a los siguientes acuerdos:
A) En atención a la medida cautelar emanada del TSJ de la Sala Electoral en la que se suspenden las elecciones en los Institutos Pedagógicos de Caracas y Maracay, se decidió ratificar el nombramiento de las autoridades de esos Institutos, además del director (e) del IP Rubio, por el tiempo que dure el pronunciamiento de dicha instancia jurídica (346).
B) Designar como representantes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones a los profesores Antonio Galué, Helgi Bistoche y Gilmer Gómez, principales y Julio Rouson, Nelly Cedeño y Freddy Moretti, suplentes (347).
Voto salvadoDebe destacarse, el voto salvado de la representante profesoral Grisell Bolívar, en lo referente a la decisión de la sesión número 345 concerniente a la apertura de una averiguación administrativa de carácter disciplinaria a quienes resulten involucrados en los hechos acaecidos el 12 de mayo en el Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”, los días 17 y 18 de mayo y 3 de junio de 2010 en la sede rectoral. Asimismo, con la decisión de la sesión número 346, con relación a la ratificación de la directora (e) de la UPEL Maracay.
Autoridades invitadas a la Asamblea NacionalTrascendió que el rector de la UPEL, doctor Raúl López Sayago, recibió la invitación para asistir a la
Comisión Permanente de Educación de la Asamblea Nacional, sin embargo, se espera respuesta de esa instancia gubernamental para la reprogramación de una nueva fecha. El profesor López Sayago, ratificó su intención de asistir a dicha cita.
“No toleraremos más”Con relación a las interrupciones constantes de actividades en la sede rectoral, por la vía de la coerción y el acoso, el rector de la UPEL doctor Raúl López Sayago, fue enfático en afirmar que “no lo podemos tolerar más”.
-Si nosotros permitimos que a la Sede Rectoral sigan llegando personas cuando se les ocurra o de alguna manera organizadas políticamente por cualquier sector, llegará un momento en que los funcionarios se rehusarán a estar en su espacio natural de trabajo. Nosotros debemos tomar acciones reglamentarias bajo la normativa disciplinaria a que haya lugar para contrarrestar esta situación, sentenció.
Refirió que lo del pasado jueves 4 fue algo muy parecido a lo vivido los días 17 y 18 de mayo, “y fue muy desafortunado, hubo amenazas, gritos, detonaciones e irrespeto contra damas, niños y hasta con los vigilantes”.
-Aquí hay una situación que tenemos que empezar a combatir de la manera más firme, apoyándonos en lo que establece nuestro Reglamento General y para ello debemos abrir los procedimientos administrativos y establecer las sanciones respectivas, puntualizó.
Jenny Muñoz