Atendida por las autoridades de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) la invitación cursada por el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional diputado Rafael Gil Barrios, para este martes 2 de noviembre, luego de una hora de espera se les informó que no serían atendidas.
La comunicación, en la que se solicitó la comparecencia de las cinco autoridades de la UPEL doctores Raúl López Sayago, Doris Pérez Barreto, Moraima Esteves, María Teresa Centeno de Algomeda y Nilva Liuval de Tovar, rector, vicerrectoras de Docencia, Investigación y Postgrado, Extensión y secretaria, respectivamente, fue firmada por el diputado Rafael Gil Barrios, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría y remitida a cada una de ellas el pasado 27 de octubre.
La misma decía textualmente que “en reunión ordinaria realizada el 27 de octubre, acordó con fundamentos en los artículos 9, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Ley sobre Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicas y los o las particulares ante la Asamblea Nacional o sus comisiones, convocarle para que comparezca el día martes dos (2) de noviembre, a las 10:00 am, ante esta Comisión Permanente de Contraloría, ubicada en el Edif. José María Vargas, piso 4, Esq. de Pajaritos, a los fines de aportar información relacionada con el caso”.
Vale decir que en dicha misiva se convoca a comparecer a las autoridades de la UPEL a propósito de la investigación que adelanta, la mencionada Comisión, relacionada con “denuncia de supuestos hechos de corrupción efectuados y realizados presuntamente en la gestión del profesor Luis Gerónimo Marín Ramírez, rector de la UPEL en el año 2008”.
Las autoridades de la UPEL, que por cierto durante el mes de octubre de este año cumplieron su primer año de gestión, se presentaron media hora antes de la hora prevista por la instancia parlamentaria, y luego del lapso de espera cumplido, se les comunicó que no serían atendidos, toda vez que “en la invitación cursada se había omitido el motivo preciso de la reunión”.
El doctor Gilberto López, consultor jurídico de la UPEL, confirmó en efecto que no serían atendidos y aclaró que según lo notificado por el propio presidente de la Comisión de Contraloría diputado Rafael Gil Barrios, serían nuevamente convocados para una nueva cita.
Explicó que ciertamente en la comunicación recibida para la citada comparecencia en ningún momento se reseñaron los motivos de la misma, por tanto la convocatoria quedó sin efecto y destacó que los propios parlamentarios reconocieron “el estado de indefensión en las que se presentaron las autoridades al reconocer que en la comunicación nunca se especificaron los puntos concretos de la agenda a tratar”.
Finalmente, acordaron los parlamentarios, que las autoridades rectorales de la UPEL serían convocadas para una nueva comparecencia.
Jenny Muñoz Coronado
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